Desde la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, basada en las teorías económicas neo-liberales de la Escuela de Chicago, puestas en práctica de manera intensiva en el Chile del dictador Augusto Pinochet, donde tuvieron como resultado un importante aumento de las desigualdades y la pobreza, se ha extendido en amplios círculos la idea de que los impuestos no son el mejor destino para dinero de la ciudadanía.
A pesar de lo que algunas personas sostienen, no todas las ideas son respetables, y la negativa a pagar impuestos, desde la perspectiva de la justicia social, la solidaridad y el bien común, debe ser rechazada como algo que va en contra de los intereses generales de la sociedad.
Para nosotros, masonas y masones de la Orden Mixta Internacional Le Droit Humain–El Derecho Humano, la cuestión se encuentra resuelta en primera instancia por nuestro mandato constitucional y en consecuencia imperativo desde el año 1900, tras la Proclamación de Le Droit Humain, en la que se afirmaba que: “Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, es indispensable establecer una contribución común; deberá ser repartida entre todos y en razón de las posibilidades de cada cual” (Art.13), y que: “Todos los miembros de la Sociedad tiene el derecho de determinar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública , de aprobarla libremente, de controlar su utilización, el importe, la base imponible, el cobro y la duración” (Art.14) o que, finalmente, “La propiedad individual es un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella, más que por necesidades públicas, legalmente constatadas, exigible evidentemente, y bajo la condición de una justa y previa indemnización.
Pero la propiedad debe asegurar la mayor parte de los recursos colectivos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos sociales “(Art. 17).
En todo caso la necesidad de contribuir a los gastos del Estado, y a su control obviamente, es algo que debería ir íntimamente ligado a la condición constitucional “estado social y democrático de derecho” pues de otra manera sería imposible atender a las exigencias del conocido como Estado del Bienestar, aquel que permite avanzar en sociedades en las que la Justicia Social es algo más que una aspiración utópica.
Sanidad, educación, pensiones, protección por desempleo, rentas básicas y un largo etcétera de lo que se supone constituye la base de nuestra convivencia solidaria, serían imposibles sin esa contribución en función de las posibilidades de cada cual y una razón de peso, en nuestra opinión, que justifica que la legislación fiscal sea justa y realmente progresiva.
Pagar impuestos en la medida de nuestros ingresos, nuestro patrimonio o los beneficios de las empresas es no solo de justicia si no un claro ejemplo de civismo y un ejercicio de solidaridad.
A no olvidar, por más que algunos se esfuercen en airear bulos y tergiversaciones cuando no lisa y llanamente mentiras, que frente a posturas carentes de solidaridad y alejadas de la realidad económica en la que nos incardinamos, está la realidad fiscal europea que nos dice que la presión fiscal en España se encuentra bastante por debajo de la media de la UE, y es claramente inferior a países que consideramos más avanzados en el campo social y a los que todos decimos aspirar a equipararnos. Todo ello con independencia del color ideológico de los diferentes gobiernos.
Precisamente por ello, pensamos que situarse en una u otra opción, impuestos sí o impuestos no, dependerá no tanto de una opción ideológica concreta en el eje izquierda-derecha como en el de solidaridad-insolidaridad.
Pensamos que incluso desde posturas egoístas se debería optar por el pago de impuestos con el fin de poner en marcha políticas redistributivas orientadas a reducir la brecha social y eliminar o aminorar situaciones de explosividad social.
Pedro José Vila Santos
Pdte. Federación Española
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